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Lunes, 13 de enero de 2014   |  Número 35 Año II
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en portada
JOSÉ MARÍA Marín decidirá si le releva Almunia
La denuncia por cártel a las entidades acreditadoras, a las puertas de Europa
Varias de las seis entidades acreditadoras poseen capital social fuera de España

Javier Barbado. Madrid
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que preside José María Marín, investiga si le compete investigar a las siete entidades acreditadoras (muchas de ellas de prestaciones de salud) a las que ha abierto expediente sancionador a raíz de una denuncia por supuesto acuerdo expreso de precios (cártel), o bien es el comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, quien debe tomar cartas en el asunto, ya que buena parte de ellas poseen capital social fuera de España, según fuentes consultadas por Publicación de Excelencia Sanitaria.

El comisario europeo
de Competencia,
Joaquín Almunia.

Tanto el presidente de la Asociación para la Defensa de la Competencia Andaluza (Adecua), José Luis de Alcaraz, como el director general de Servicios de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU) –agrupaciones denunciantes del presunto cártel– han revelado a Redacción Médica que al menos cinco de las compañías acreditadoras con expediente incoado “les ofrecieron presupuestos calcados al céntimo” y que, cuando se les preguntó a sus responsables por la razón de esa coincidencia, la respuesta fue que esas cifras las imponía el Club de Excelencia en Gestión Vía Innovación, con el que estaban asociadas.

En efecto, el expediente en trámite de la CNMC, consultable en su web, incluye a esta última entidad y a otra media docena de sociedades acreditadoras de servicios en función del modelo de la European Foundation Quality Management (EFQM), que, hoy día, se exige a casi todas las organizaciones sanitarias tanto públicas como privadas como garante de la calidad de su gestión en diversos ámbitos.

De probarse la acusación de los denunciantes, la multa podría caerle al Consejo de Administración de la empresa matriz que agrupa al resto y, de forma presunta, fija los precios de las actividades de evaluación necesarias para la obtención del reconocimiento a la excelencia conforme al modelo citado. O incluso –según matiza De Alcaraz– de forma personalizada a alguno de sus máximos responsables ejecutivos: “En cualquiera de los casos, hablamos de sanciones que pueden rondar el diez por ciento de la facturación de la empresa, lo que no es poco dinero”, sentencia.

Tal como informó este mismo diario, la CNMC también justifica la apertura de expediente a las siete entidades (Club Excelencia en Gestión Vía Innovación, Asociación Española de Normalización y Certificación –Aenor–; Bureau Veritas Certification, LGAI Technological Center, SGS International Certification Services Ibérica, Lloyd's Register España, Tüv Rheinland Ibérica Inspection y Certification & Testing) por un supuesto reparto de mercado “al poder dirigir el Club Excelencia en Gestión e Innovación las solicitudes de información o de reconocimiento que recibe una organización cliente a una determinada entidad o certificación.
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